Uno de los puntos más delicados cuando se produce un divorcio o una separación entre los cónyuges tiene que ver con cómo se llevará a cabo la custodia de los niños y niñas. La verdad es que actualmente existen reglas bastante claras para este tipo de situaciones, por lo que siempre vendrá bien conocer los aspectos más esenciales de estas.
Lo primero que debemos señalar es que cuando se produce un quiebre en la relación de pareja, existirá una responsabilidad compartida en la crianza de los hijos que se tengan en común. Esto se puede manifestar de diferentes formas, incluyendo la tan conocida pensión alimenticia que muchas veces se debe pagar.
Si no conoces mucho al respecto te invitamos a que continúes leyendo este artículo y encuentres solución a todas esas dudas que tienes sobre este tema.
¿Custodia compartida?
No podemos continuar desarrollando este tema sin antes explicar los pormenores de esta situación. Antes que nada debemos considerar que existen dos tipos de custodias. En la primera de esta uno de los progenitores se hará cargo del cuidado de los hijos, mientras que la otra parte procederá a efectuar el pago de la mencionada pensión.
Este era el caso más común hasta hace algunos años, donde por lo general este derecho era ganado de forma casi indiscutida por las madres. En la actualidad la cosa es mucho más equitativa y, a menos de que existan antecedentes de violencia intrafamiliar, la custodia será casi siempre compartida.
Esto significa que ambas partes cuidarán de sus hijos durante períodos de tiempo previamente establecidos, pudiendo ser por semanas, quincenas o meses. Cada uno de los padres se hará cargo de las necesidades periódicas de los menores durante el período que le toque llevar a cabo el cuidado.
Pensión alimenticia
Sin embargo existe la posibilidad de que la custodia de los hijos quede en manos de sólo uno de los padres, casos en los cuales se solicitará el pago de una pensión a quien no se encuentre llevando a cabo el cuidado periódico de estos.
Es necesario señalar que la pensión alimenticia plantea tres gastos principales, los cuales pasaremos a detallar a continuación.
Gastos educativos
En este punto no solo se contemplará el pago de los estudios primarios y secundarios, sino que también entrará la financiación del bachillerato y la carrera universitaria del hijo o hija. Por supuesto, esto quedará inhabilitado en aquellos casos en los que se demuestre que no se aprovechan los recursos de la manera debida.
Necesidades periódicas
Las necesidades periódicas se refieren a los diferentes elementos que contribuyen diariamente a la calidad de vida de los hijos e hijas. Un ejemplo claro de esto es la ropa o los medicamentos que se consuman.
Vacaciones
Finalmente es importante destacar que, a pesar de que en las vacaciones se permite tener un tiempo más prolongado con el cónyuge no custodio, este deberá pagar la pensión de todos modos. Este pago se calculará según el porcentaje correspondiente al monto anual estipulado por el juez.
https://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/05/como-se-establece-una-pension-alimenticia.jpg400600mktpmphttps://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/03/abogados-pamplona-zubiri-zudaire-logo.pngmktpmp2019-05-14 14:28:002019-08-07 12:36:24Cómo se establece una pensión alimenticia
Conforme publicó el diario El Pais el pasado 3 de noviembre, en un pleito dirigido por el letrado Daniel Zubiri, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona condenó en el mes de junio a Banco Popular a devolver aproximadamente 4 millones de euros a uno de los clientes de Zubiri&Zudaire, que había sido convencido para contratar dos productos financieros complejos y de alto riesgo, en concreto dos productos financieros a plazo, suscritos por valor de 4,5 millones de Euros.
El empresario, riojano y residente en Navarra depositó en el Banco Popular, su banco de toda la vida, el precio obtenido gracias a la venta del negocio familiar. Durante varios años, el cliente tenía la certeza de que el principal de su inversión estaba asegurado, descubriendo al final de la vida de los contratos que no sólo no iba a obtener ninguna rentabilidad sino que además había perdido más de tres millones y medio de euros de lo invertido.
La situación si cabe resulta más dramática, porque además el cliente había suscrito dos préstamos por importe de aproximadamente 2 millones de Euros, disponiendo de la financiación “preferente´” que el banco le ofrecía para maximizar su inversión (garantizándole liquidez durante la vida de los productos). La condición para la concesión de esos fondos fue precisamente la de garantizar su devolución con los productos de inversión, quedando una vez vencidos lo poco que recuperó en acciones (del Banco Popular) pignorado y respondiendo por esas deudas.
En la actualidad nuestro cliente debía abonar aproximadamente 9.000 Euros mensuales, pese a no contar con los fondos necesarios para ello, siendo su situación financiera francamente complicada, pese a contar con un importante patrimonio inmobiliario.
La realidad es que pese a la gran complejidad del producto, el ingente importe invertido y la condición de consumidor del cliente, la entidad bancaria incumplió sistemáticamente las más elementales obligaciones de información que debía cumplir en aplicación de la Ley del Mercado de Valores (no se evaluó la experiencia ni los objetivos inversores, la información y documentación ofrecida fue tendenciosa y manifiestamente insuficiente, limitándose a dos páginas y media de contrato, no se explicaron los riesgos ni se entregó ningún documento explicativo de las verdaderas condiciones del producto).
Existiendo una relación de asesoramiento de inversión, continuada y evidente, por parte de Banco Popular, jamás debió no ya sugerirse, sino permitirse que el cliente invirtiese todo su capital financiero en un producto tan sumamente complejo y arriesgado como el ofrecido, explicado exclusivamente desde el lado de la rentabilidad.
Tal y como destacaba la resolución judicial (actualmente recurrida por la entidad): “no es de recibo que un cliente bancario que vende su participación en su empresa por 4,5 millones de euros, cinco años más tarde se encuentre en esta situación. Para que le sean imputables tales consecuencias debe estar perfectamente probado que el banco le informó exquisitamente de los riesgos del producto (…) no cabe sino concluir que la información fue deficiente y que el consentimiento del actor a la hora de invertir estaba por ello viciado”.
Desde el despacho Zubiri&Zudaire de Pamplona, estamos orgullosos de poder defender los derechos de los clientes bancarios, que, como en el caso presente se vieron totalmente desposeídos de sus más elementales derechos y garantías a la hora de contratar productos financieros complejos.
Pese a los medios invertidos por las entidades bancarias por defenderse, la realidad es que, siempre que se haya producido un abuso y se haya desprotegido al cliente (especialmente si es consumidor) es posible vencer este tipo de reclamaciones, habiendo obtenido excelentes resultados hasta la fecha.
https://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/03/abogados-pamplona-zubiri-zudaire-logo.png00mktpmphttps://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/03/abogados-pamplona-zubiri-zudaire-logo.pngmktpmp2018-11-29 08:03:162019-04-29 15:13:04Condenado el Banco Popular a devolver 4,5 millones a uno de nuestros clientes por un producto financiero de alto riesgo (contrato financiero a plazo)
El pasado 8 de septiembre de 2014 la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó una Sentencia de suma importancia para todas aquellas reclamaciones dirigidas a solicitar la nulidad relativa o anulabilidad de los contratos de compra de productos financieros de inversión por la existencia de un error en el consentimiento.
Esta reclamación dirigida por Daniel Zubiri Oteiza y Elena Luri Rodríguez supone un reseñable éxito y consagra un aspecto hasta ahora controvertido, como lo era la naturaleza del plazo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa o anulabilidad (prescripción o caducidad) y el dies a quo para su cómputo, ciñéndose la Sentencia al análisis de ambas cuestiones.
En el presente procedimiento, tras haber obtenido una Sentencia íntegramente estimatoria en primera instancia de una demanda de nulidad relativa o anulabilidad de un bono autocancelable contratado por un consumidor y cliente minorista, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra revocó la misma, al considerar que la relación contractual entre las partes era de mera comercialización, entendiendo que la fecha que se tenía que tener en cuenta para el cómputo de los 4 años era el del contrato. Por ello la citada Sala determinó que en el momento de interponer la demanda, el plazo para el ejercicio de la acción ya había transcurrido, estando fuera de plazo para ello.
Hasta la fecha, la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no se había pronunciado al respecto de éstas dos cuestiones (en relación al ejercicio de acciones de nulidad relativa o anulabilidad), por lo que supone un precedente de gran transcendencia y sienta las bases que deberán seguir los Juzgados de Primera Instancia y las distintas Secciones de la Audiencia Provincial en Navarra.
Tras el análisis de recurso de casación interpuesto, la Sentencia de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia concluye lo siguiente:
1º.- que el plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad relativa o anulabilidad prevista en la ley 34 del Fuero Nuevo, así como en el artículo 1.301 del Código Civil, es de prescripción y que por tanto no puede ser estimado de oficio por el Tribunal (como sucede con la caducidad).
2º.- que el contrato de compra de un bono autocancelable (producto estructurado), al igual que la inmensa mayoría de los contratos de inversión (swaps, preferentes, subordinadas, AFSE etc.) es un contrato complejo, que no agota sus efectos y no se consuma por la formulación y ejecución de la simple orden de compra del producto, sino que se prolongan en el tiempo hasta la finalización de la operación financiera, periodo durante el cual continúan las obligaciones contractuales de las partes.
3º.- y, derivado de lo anterior, que el dies a quo para el cómputo del referido plazo será aquél en el que se consume el contrato, que no es otro que el día en el que el producto financiero contratado deje de desplegar sus efectos (tales como liquidaciones de intereses, suministro de información por el banco etc.), siendo en este caso el de su vencimiento.
Gracias a esta sentencia vienen a disiparse las dudas que pudieran existir a la hora de analizar si la acción a interponer por nuestros clientes está o no caducada/prescrita, por el hecho de haber transcurrido más de 4 años desde la contratación, cuestión hasta ahora nada pacífica conforme a las sentencias de los Tribunales navarros y estatales.
https://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/03/abogados-pamplona-zubiri-zudaire-logo.png00Daniel Zubiri Oteizahttps://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/03/abogados-pamplona-zubiri-zudaire-logo.pngDaniel Zubiri Oteiza2014-11-05 20:04:302019-04-29 15:14:13Fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra relativa al plazo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa o anulabilidad de un contrato de compra de un producto financiero de inversion
El pasado 7 de marzo de 2014 la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal de Justicia de Navarra dictó una Sentencia de gran relevancia para todas aquellas reclamaciones relacionadas con la contratación de productos de inversión, tales como Swaps, bonos estructurados, participaciones preferentes o aportaciones financieras subordinadas (entre muchos otros)..
El procedimiento en cuestión fue impulsado y dirigido los letrados de nuestro despacho D. Daniel Zubiri Oteiza y D. Elías Elizalde Etxarri (pese a existir una errata en tal sentido en la noticia publicada el 5 de octubre en el Diario de Noticias de Navarra).
Se trata de la primera Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación a la contratación de productos de inversión y, en concreto, a los requisitos necesarios para determinar si existe o no error en el consentimiento en la contratación de este tipo de productos.
Tras haber obtenido nuestro despacho una sentencia íntegramente estimatoria en primera Instancia, declarativa de la nulidad de un swap contratado por un consumidor, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra revocó la misma, desestimando íntegramente lo solicitado, al considerar que no concurría error en el consentimiento debido al pefil profesional del demandante (consumidor licenciado en LADE y con experiencia financiera).
La Sentencia nº3 del TSJN constituye el único pronunciamiento dictado por un Tribunal Superior de Justicia en el conjunto estatal, al analizar la aplicación de las Leyes 17 y 19 del Fuero Nuevo de Navarra (propias y exclusivas de nuestro derecho foral), respecto a la concurrencia del error en la contratación de productos bancarios.
La misma sienta un importante precedente doctrinal que deberá ser seguido por Juzgados de Primera Instancia y las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, que sin duda influirán en el éxito de demandas contra entidades bancarias, en aquellos casos en que éstas hubieran incumplido las estrictas obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores, así como su normativa de desarrollo.
La Sentencia 15/2014 sienta importantes bases que deberán ser acatadas en Navarra por los Juzgados de Primera Instancia y las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, en relación a la contratación de productos de inversión y bancarios, las obligaciones y deberes de información de las entidades bancarias y la concurrencia del error-vicio en el consentimiento en la contratación de este tipo de productos, en aquellos casos en que no se acredite su cumplimiento por las colocadoras de este tipo de productos.
Ello viene a reforzar de forma notoria las posibilidades el éxito de las reclamaciones contra entidades bancarias, en aquellos casos en que éstas hubieran incumplido las estrictas obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores, así como su normativa de desarrollo y en especial en cuanto a la descripción veraz, completa y pormenorizada de los productos, así como muy especialmente de los riesgos, protegiendo a los consumidores frente a procesos poco transparentes.
Entre otros aspectos de gran relevancia, la Sentencia viene a consagrar los siguientes:
hay error vicio en el consentimiento cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta (cuando representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea). El error ha de recaer sobre la propia sustancia de la cosa o condiciones esenciales de la misma (que justificaban su contratación) y excusable para quien lo padece (negando protección a quien no emplease la diligencia que le es exigible).
la carga de probar si existió por parte de una entidad bancaria la debida información al cliente durante el proceso precontractual y contractual corresponde a la entidad bancaria, debiendo ésta acreditar que, entre otros aspectos, se informó al cliente de los riesgos concretos, naturaleza y efectos que podría tener el contrato (un swap en este caso), máxime teniendo en cuenta que se trata de contratos complejos en los que existe una gran asimetría entre los conocimientos del cliente y de la propia entidad bancaria.
aunque el incumplimiento de los deberes de información por la entidad bancaria no determine necesariamente la concurrencia del error vicio en el consentimiento, obviamente, en la situación de asimetría informativa que se produce entre banco y cliente, el cumplimiento o incumplimiento de tales deberes puede incidir decisivamente en el error padecido (por falta de conocimiento de los riesgos y naturaleza del producto a contratar).
en cuanto al adecuado cumplimiento de los deberes de información por parte de la entidad bancaria en el proceso de colocación del producto, en relación a la imputabilidad del error padecido por el cliente a la hora de contratar, se obliga al banco (conforme a la diligencia exigible a un ordenado empresario) a explicar la verdadera entidad, efectos y obligaciones que derivan del contrato que se va a suscribir (por tratarse de un producto muy complejo), compartiendo con su cliente sus conocimientos de manera objetiva, pues de lo contrario, como sucede en el caso no sólo no se evita el error padecido por el cliente, sino que se potencia el mismo.
a la hora de analizar el perfil del inversor y sus conocimientos, no es decisiva la función de administración o de dirección financiera que pueda desarrollar quien suscribe el contrato, ni su formación específica, aun cuando el contratante fuera licenciado en LADE y gerente de empresas relevantes (como sucede en el caso analizado), sino la especialización del mismo u experiencia previa en la contratación de complejos productos de inversión (como lo es el swap analizado), siendo este el aspecto clave.
los anteriores aspectos (formación específica, cualificación y funciones profesionales etc.) únicamente entrarán en juego en el caso en que la entidad bancaria prueba el cumplimiento de las obligaciones legales que le son impuestas en cuanto a sus deberes de información, debiendo valorarse expresamente tal aspecto a la hora de resolver respecto a la concurrencia del error vicio (posibles simulaciones de resultados, especificación de riesgos del producto, etc.
no puede aplicarse la doctrina sobre la vulneración de los actos propios en supuestos de nulidad cuando están viciados por el error en el consentimiento, otra cosa es inferir de esos actos si efectivamente existió o no un error, resultando intrascendente a los efectos de declaración de nulidad que el cliente hubiera aceptado liquidaciones positivas a su favor, pues realmente el cliente se dio cuenta del verdadero carácter y efectos del contrato firmado cuando se produjeron precisamente las liquidaciones negativas de gran importe (situación más desfavorable).
En definitiva, la citada sentencia viene a consagrar la imperatividad y trascendencia de las obligaciones de información por parte de las entidades bancarias en la colocación de productos como el swap, así como la incidencia de su incumplimiento en casos en que pese a la preparación profesional del contratante, pues no sólo no evitan el error padecido por el cliente, sino que en ocasiones lo vienen a reforzar.
Sin duda alguna la Sentencia obtenida constituye un importantísimo precedente para la obtención de resultados satisfactorios en las reclamaciones contra la banca, en las que Zubiri y Zudaire estamos especializados.
https://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/03/abogados-pamplona-zubiri-zudaire-logo.png00Daniel Zubiri Oteizahttps://www.zubiri-zudaire.com/wp-content/uploads/2019/03/abogados-pamplona-zubiri-zudaire-logo.pngDaniel Zubiri Oteiza2014-11-05 20:03:472019-05-06 07:13:46Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra obliga a la banca de informar de productos de riesgo
Nuestra nueva web nace con la clara vocación de estar más cerca de nuestros clientes para poder apoyarlos y darles el mejor servicio posible allí donde estén. Es por ello que hoy también ponemos en marcha nuestros perfiles en Twiiter, Linkedin, Facebook y Google+ cuatro plataformas desde las que estaremos a su disposición para solucionar cualquier cuestión que necesiten.
Del mismo modo, podrán consultar e interactuar con esta web tanto desde su ordenador de sobremesa como su smartphone o tableta de forma cómoda y eficiente ya que ha sido concebida para dar el soporte adecuado para todo tipo de dispositivos.
Les invitamos a que naveguen por las páginas de esta web donde podrán encontrar toda la información que necesiten sobre el despacho, nuestras áreas de conocimiento, nuestro equipo así como todos nuestros contactos y cómodo formulario desde el que podrán ponerse en contacto con nosotros, tanto si necesitan nuestros servicios como si quieren formar parte de nuestro equipo.
Por último, también queremos presentarles este blog, lugar que queremos convertir en punto de encuentro para la reflexión sobre los principales puntos que la actualidad jurídica ponga de relevancia. Esperamos que así sea. No duden en contactar con nosotros por cualquiera de nuestros canales. Estamos a su disposición.
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Cómo se establece una pensión alimenticia
Derecho MatrimonialUno de los puntos más delicados cuando se produce un divorcio o una separación entre los cónyuges tiene que ver con cómo se llevará a cabo la custodia de los niños y niñas. La verdad es que actualmente existen reglas bastante claras para este tipo de situaciones, por lo que siempre vendrá bien conocer los aspectos más esenciales de estas.
Lo primero que debemos señalar es que cuando se produce un quiebre en la relación de pareja, existirá una responsabilidad compartida en la crianza de los hijos que se tengan en común. Esto se puede manifestar de diferentes formas, incluyendo la tan conocida pensión alimenticia que muchas veces se debe pagar.
Si no conoces mucho al respecto te invitamos a que continúes leyendo este artículo y encuentres solución a todas esas dudas que tienes sobre este tema.
¿Custodia compartida?
No podemos continuar desarrollando este tema sin antes explicar los pormenores de esta situación. Antes que nada debemos considerar que existen dos tipos de custodias. En la primera de esta uno de los progenitores se hará cargo del cuidado de los hijos, mientras que la otra parte procederá a efectuar el pago de la mencionada pensión.
Este era el caso más común hasta hace algunos años, donde por lo general este derecho era ganado de forma casi indiscutida por las madres. En la actualidad la cosa es mucho más equitativa y, a menos de que existan antecedentes de violencia intrafamiliar, la custodia será casi siempre compartida.
Esto significa que ambas partes cuidarán de sus hijos durante períodos de tiempo previamente establecidos, pudiendo ser por semanas, quincenas o meses. Cada uno de los padres se hará cargo de las necesidades periódicas de los menores durante el período que le toque llevar a cabo el cuidado.
Pensión alimenticia
Sin embargo existe la posibilidad de que la custodia de los hijos quede en manos de sólo uno de los padres, casos en los cuales se solicitará el pago de una pensión a quien no se encuentre llevando a cabo el cuidado periódico de estos.
Es necesario señalar que la pensión alimenticia plantea tres gastos principales, los cuales pasaremos a detallar a continuación.
Gastos educativos
En este punto no solo se contemplará el pago de los estudios primarios y secundarios, sino que también entrará la financiación del bachillerato y la carrera universitaria del hijo o hija. Por supuesto, esto quedará inhabilitado en aquellos casos en los que se demuestre que no se aprovechan los recursos de la manera debida.
Necesidades periódicas
Las necesidades periódicas se refieren a los diferentes elementos que contribuyen diariamente a la calidad de vida de los hijos e hijas. Un ejemplo claro de esto es la ropa o los medicamentos que se consuman.
Vacaciones
Finalmente es importante destacar que, a pesar de que en las vacaciones se permite tener un tiempo más prolongado con el cónyuge no custodio, este deberá pagar la pensión de todos modos. Este pago se calculará según el porcentaje correspondiente al monto anual estipulado por el juez.
Para más información, contacte con Abogados Zubiri & Zudaire.
Condenado el Banco Popular a devolver 4,5 millones a uno de nuestros clientes por un producto financiero de alto riesgo (contrato financiero a plazo)
Derecho BancarioConforme publicó el diario El Pais el pasado 3 de noviembre, en un pleito dirigido por el letrado Daniel Zubiri, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona condenó en el mes de junio a Banco Popular a devolver aproximadamente 4 millones de euros a uno de los clientes de Zubiri&Zudaire, que había sido convencido para contratar dos productos financieros complejos y de alto riesgo, en concreto dos productos financieros a plazo, suscritos por valor de 4,5 millones de Euros.
El empresario, riojano y residente en Navarra depositó en el Banco Popular, su banco de toda la vida, el precio obtenido gracias a la venta del negocio familiar. Durante varios años, el cliente tenía la certeza de que el principal de su inversión estaba asegurado, descubriendo al final de la vida de los contratos que no sólo no iba a obtener ninguna rentabilidad sino que además había perdido más de tres millones y medio de euros de lo invertido.
La situación si cabe resulta más dramática, porque además el cliente había suscrito dos préstamos por importe de aproximadamente 2 millones de Euros, disponiendo de la financiación “preferente´” que el banco le ofrecía para maximizar su inversión (garantizándole liquidez durante la vida de los productos). La condición para la concesión de esos fondos fue precisamente la de garantizar su devolución con los productos de inversión, quedando una vez vencidos lo poco que recuperó en acciones (del Banco Popular) pignorado y respondiendo por esas deudas.
En la actualidad nuestro cliente debía abonar aproximadamente 9.000 Euros mensuales, pese a no contar con los fondos necesarios para ello, siendo su situación financiera francamente complicada, pese a contar con un importante patrimonio inmobiliario.
La realidad es que pese a la gran complejidad del producto, el ingente importe invertido y la condición de consumidor del cliente, la entidad bancaria incumplió sistemáticamente las más elementales obligaciones de información que debía cumplir en aplicación de la Ley del Mercado de Valores (no se evaluó la experiencia ni los objetivos inversores, la información y documentación ofrecida fue tendenciosa y manifiestamente insuficiente, limitándose a dos páginas y media de contrato, no se explicaron los riesgos ni se entregó ningún documento explicativo de las verdaderas condiciones del producto).
Existiendo una relación de asesoramiento de inversión, continuada y evidente, por parte de Banco Popular, jamás debió no ya sugerirse, sino permitirse que el cliente invirtiese todo su capital financiero en un producto tan sumamente complejo y arriesgado como el ofrecido, explicado exclusivamente desde el lado de la rentabilidad.
Tal y como destacaba la resolución judicial (actualmente recurrida por la entidad): “no es de recibo que un cliente bancario que vende su participación en su empresa por 4,5 millones de euros, cinco años más tarde se encuentre en esta situación. Para que le sean imputables tales consecuencias debe estar perfectamente probado que el banco le informó exquisitamente de los riesgos del producto (…) no cabe sino concluir que la información fue deficiente y que el consentimiento del actor a la hora de invertir estaba por ello viciado”.
Desde el despacho Zubiri&Zudaire de Pamplona, estamos orgullosos de poder defender los derechos de los clientes bancarios, que, como en el caso presente se vieron totalmente desposeídos de sus más elementales derechos y garantías a la hora de contratar productos financieros complejos.
Pese a los medios invertidos por las entidades bancarias por defenderse, la realidad es que, siempre que se haya producido un abuso y se haya desprotegido al cliente (especialmente si es consumidor) es posible vencer este tipo de reclamaciones, habiendo obtenido excelentes resultados hasta la fecha.
Ver Nota de Prensa
Fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra relativa al plazo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa o anulabilidad de un contrato de compra de un producto financiero de inversion
Derecho Bancario, Derecho CivilEl pasado 8 de septiembre de 2014 la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó una Sentencia de suma importancia para todas aquellas reclamaciones dirigidas a solicitar la nulidad relativa o anulabilidad de los contratos de compra de productos financieros de inversión por la existencia de un error en el consentimiento.
Esta reclamación dirigida por Daniel Zubiri Oteiza y Elena Luri Rodríguez supone un reseñable éxito y consagra un aspecto hasta ahora controvertido, como lo era la naturaleza del plazo para el ejercicio de la acción de nulidad relativa o anulabilidad (prescripción o caducidad) y el dies a quo para su cómputo, ciñéndose la Sentencia al análisis de ambas cuestiones.
En el presente procedimiento, tras haber obtenido una Sentencia íntegramente estimatoria en primera instancia de una demanda de nulidad relativa o anulabilidad de un bono autocancelable contratado por un consumidor y cliente minorista, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra revocó la misma, al considerar que la relación contractual entre las partes era de mera comercialización, entendiendo que la fecha que se tenía que tener en cuenta para el cómputo de los 4 años era el del contrato. Por ello la citada Sala determinó que en el momento de interponer la demanda, el plazo para el ejercicio de la acción ya había transcurrido, estando fuera de plazo para ello.
Hasta la fecha, la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no se había pronunciado al respecto de éstas dos cuestiones (en relación al ejercicio de acciones de nulidad relativa o anulabilidad), por lo que supone un precedente de gran transcendencia y sienta las bases que deberán seguir los Juzgados de Primera Instancia y las distintas Secciones de la Audiencia Provincial en Navarra.
Tras el análisis de recurso de casación interpuesto, la Sentencia de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia concluye lo siguiente:
1º.- que el plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad relativa o anulabilidad prevista en la ley 34 del Fuero Nuevo, así como en el artículo 1.301 del Código Civil, es de prescripción y que por tanto no puede ser estimado de oficio por el Tribunal (como sucede con la caducidad).
2º.- que el contrato de compra de un bono autocancelable (producto estructurado), al igual que la inmensa mayoría de los contratos de inversión (swaps, preferentes, subordinadas, AFSE etc.) es un contrato complejo, que no agota sus efectos y no se consuma por la formulación y ejecución de la simple orden de compra del producto, sino que se prolongan en el tiempo hasta la finalización de la operación financiera, periodo durante el cual continúan las obligaciones contractuales de las partes.
3º.- y, derivado de lo anterior, que el dies a quo para el cómputo del referido plazo será aquél en el que se consume el contrato, que no es otro que el día en el que el producto financiero contratado deje de desplegar sus efectos (tales como liquidaciones de intereses, suministro de información por el banco etc.), siendo en este caso el de su vencimiento.
Gracias a esta sentencia vienen a disiparse las dudas que pudieran existir a la hora de analizar si la acción a interponer por nuestros clientes está o no caducada/prescrita, por el hecho de haber transcurrido más de 4 años desde la contratación, cuestión hasta ahora nada pacífica conforme a las sentencias de los Tribunales navarros y estatales.
Ver Nota de Prensa
Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra obliga a la banca de informar de productos de riesgo
Derecho Bancario, Derecho CivilEl pasado 7 de marzo de 2014 la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal de Justicia de Navarra dictó una Sentencia de gran relevancia para todas aquellas reclamaciones relacionadas con la contratación de productos de inversión, tales como Swaps, bonos estructurados, participaciones preferentes o aportaciones financieras subordinadas (entre muchos otros)..
El procedimiento en cuestión fue impulsado y dirigido los letrados de nuestro despacho D. Daniel Zubiri Oteiza y D. Elías Elizalde Etxarri (pese a existir una errata en tal sentido en la noticia publicada el 5 de octubre en el Diario de Noticias de Navarra).
Tras haber obtenido nuestro despacho una sentencia íntegramente estimatoria en primera Instancia, declarativa de la nulidad de un swap contratado por un consumidor, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra revocó la misma, desestimando íntegramente lo solicitado, al considerar que no concurría error en el consentimiento debido al pefil profesional del demandante (consumidor licenciado en LADE y con experiencia financiera).
La Sentencia nº3 del TSJN constituye el único pronunciamiento dictado por un Tribunal Superior de Justicia en el conjunto estatal, al analizar la aplicación de las Leyes 17 y 19 del Fuero Nuevo de Navarra (propias y exclusivas de nuestro derecho foral), respecto a la concurrencia del error en la contratación de productos bancarios.
La misma sienta un importante precedente doctrinal que deberá ser seguido por Juzgados de Primera Instancia y las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, que sin duda influirán en el éxito de demandas contra entidades bancarias, en aquellos casos en que éstas hubieran incumplido las estrictas obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores, así como su normativa de desarrollo.
La Sentencia 15/2014 sienta importantes bases que deberán ser acatadas en Navarra por los Juzgados de Primera Instancia y las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, en relación a la contratación de productos de inversión y bancarios, las obligaciones y deberes de información de las entidades bancarias y la concurrencia del error-vicio en el consentimiento en la contratación de este tipo de productos, en aquellos casos en que no se acredite su cumplimiento por las colocadoras de este tipo de productos.
Ello viene a reforzar de forma notoria las posibilidades el éxito de las reclamaciones contra entidades bancarias, en aquellos casos en que éstas hubieran incumplido las estrictas obligaciones que les impone la Ley del Mercado de Valores, así como su normativa de desarrollo y en especial en cuanto a la descripción veraz, completa y pormenorizada de los productos, así como muy especialmente de los riesgos, protegiendo a los consumidores frente a procesos poco transparentes.
Entre otros aspectos de gran relevancia, la Sentencia viene a consagrar los siguientes:
En definitiva, la citada sentencia viene a consagrar la imperatividad y trascendencia de las obligaciones de información por parte de las entidades bancarias en la colocación de productos como el swap, así como la incidencia de su incumplimiento en casos en que pese a la preparación profesional del contratante, pues no sólo no evitan el error padecido por el cliente, sino que en ocasiones lo vienen a reforzar.
Sin duda alguna la Sentencia obtenida constituye un importantísimo precedente para la obtención de resultados satisfactorios en las reclamaciones contra la banca, en las que Zubiri y Zudaire estamos especializados.
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